miércoles, 31 de agosto de 2016

151 - Proyecto de Ley del Operador en Psicología Social de Entre Ríos

(Publicado en la página web de la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina - A.P.S.R.A. con fecha 30/8/2016)

PROYECTO DE LEY DEL OPERADOR EN PSICOLOGIA SOCIAL DE ENTRE RIOS

Entre Ríos cuenta con un proyecto de ley para el ejercicio de la profesión de operador en psicología social, operador psicosocial o título equivalente de igual grado que sea  reconocido por el Consejo General de Educación, Deporte y Prevención de Adicciones provincial. Se dispone que puedan matricularse y ejercer no sólo quienes posean los títulos antes mencionados, sino quienes tengan títulos de igual grado otorgados por los ministerios de educación u organismos competentes en otras provincias, o a nivel nacional, u otorgados por entidades extranjeras debidamente revalidados en el país.

El gobierno de la matrícula será ejercido por el Ministerio de Salud de la provincia; estando los psicólogos sociales facultados para coordinar grupos operativos en los  ámbitos institucionales y comunitarios, para integrar equipos interdisciplinarios, para detectar situaciones de conflicto que impidan el normal desarrollo grupal, etc. En los fundamentos de esta norma se alude al ECRO —esquema conceptual, referencial y operativo— como un puntual cuerpo teórico-epistemológico y técnico-metodológico específico con el que hacemos todos y cada uno de nuestros abordajes profesionales.

Obviamente, se entiende a la psicología social como una disciplina con objeto propio en el campo problemático de la Salud Mental, lo que implica que en el ejercicio de su rol tiene una estrategia, una táctica, una técnica y una logística de intervención que le son inherentes. No se trata de un mero campo de aplicación de la psicología o la psicoterapia, sino de una ciencia que interviene en los conflictos vinculares, que nos habilita a operar con el objetivo concreto de la prevención y promoción de la salud, fortaleciendo las posibilidades de acción conjunta de los sujetos en sus distintos ámbitos.

El título tercero del proyecto de ley se refiere a los derechos, a las obligaciones y a las  prohibiciones de los matriculados. No está de más resaltar que no se puede, dentro de nuestras incumbencias, diagnosticar ni realizar tratamientos de cualquier tipo de patología psíquica o mental. Tampoco prescribir, administrar o sugerir medicamentos o cualquier otro método físico o químico destinado a tratar las dolencias recién mencionadas; ni anunciar, hacer anunciar o avalar nuestra actividad profesional a través de datos inexactos o falsos que contravengan la ética y esta normativa.

Para finalizar estos breves conceptos, deseamos que Entre Ríos logre pronto la sanción de esta legislación atinente a los operadores psicosociales, del mismo modo que ya ha sucedido con las leyes que rigen en las provincias de Chaco (Nº 6353), de Mendoza (Nº 8077) y de Corrientes (Nº 6141). En cuanto a la Psicología Social Argentina, seguiremos celebrando todas y cada una de las conquistas obtenidas con el esfuerzo de nuestros compañeros y compañeras de ruta. Y festejando que la demanda de profesionales dedicados a esta comprometida actividad se vea clara y fuertemente incrementada.

RONALDO WRIGHT                                  
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lunes, 15 de agosto de 2016

150 - La Psicología Social en Corrientes

(Publicado en la página web de la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina - A.P.S.R.A. con fecha 15/8/2016)

LA PSICOLOGIA SOCIAL EN CORRIENTES

A raíz de una consulta que me formularan sobre el estado de la psicología social en la provincia de Corrientes, aprovecho para señalar algunos datos que pueden resultar de interés. Rige en dicho territorio la Ley Nº 6141 del Operador en Psicología Social del 12 de septiembre de 2012, siendo la autoridad de aplicación de esa norma el Ministerio de Salud Pública. El ejercicio de la profesión se autoriza a quienes posean:

a) título de nivel superior otorgado por Institutos Superiores cuyos planes educativos  sean reconocidos por el Ministerio de Educación provincial;

b) título equivalente otorgado por los ministerios de Educación u organismos que hagan sus veces en otras provincias argentinas; y

c) título otorgado por entidades extranjeras debidamente revalidado en el país.

Para ejercer la actividad es requisito previo estar inscripto en la matrícula que debe otorgar el colegio de operadores en psicología social correntino, contando para ello con el respectivo carnet habilitante. Esta profesión autoriza las intervenciones que tengan el objetivo específico de preservar y promover la salud y el bienestar en los grupos, en las organizaciones o en la comunidad en general.

El psicólogo social puede diseñar e implementar metodologías y técnicas grupales, como así también elaborar proyectos de desarrollo psicosocial y asesorar a equipos e instituciones en dicha área. Asimismo, coordinar grupos y talleres en organizaciones públicas y privadas, y participar en equipos interdisciplinarios para la planificación y operación en situaciones de cambio colectivo.

Entre las obligaciones de los operadores psicosociales pueden citarse las siguientes: proteger a los grupos donde realicen sus intervenciones; prestar la colaboración que les sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de emergencias; guardar el más riguroso secreto profesional en el cumplimiento de sus tareas específicas; y fijar domicilio dentro del territorio de la provincia.

La ley se fundamenta en que esta disciplina concibe al ser humano como sujeto social —productor y producido— condicionado por el contexto de las tramas vinculares en las que se desenvuelve. En esas múltiples relaciones  y formas organizativas se desarrolla la vida de las personas, dependiendo su capacidad de aprendizaje de lograr mantener una vinculación armónica, dinámica y fluida con su realidad cotidiana.
 
Los sujetos en conflicto o en crisis precisan reconstruir sus esquemas referenciales (sus modelos de hacer, pensar y sentir en el mundo) y producir nuevos tejidos sociales que los alberguen, para así posibilitar reencontrar un proyecto de vida. Los operadores en psicología social son los profesionales aptos para comprender, intervenir y abordar esas situaciones conflictivas, sea en lo grupal, lo institucional o lo comunitario.

Existe, pues, la necesidad de un rol profesional que esté suficientemente preparado para trabajar en la articulación productiva de la heterogeneidad existente en todo  agrupamiento, habilitando vías de procesamiento y resolución a las desavenencias que son inherentes a la vida grupal e institucional. Es precisamente allí donde se requiere la intervención especializada del operador en psicología social.

Resulta por ello necesario regular las incumbencias de los operadores psicosociales; y jerarquizar así una carrera reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación y Cultura correntino por decreto provincial Nº 1997/03. Máxime que el título de operador en psicología social habilita —por decreto provincial Nº 248—para dictar materias tales como Sociología, Psicologías General, Social, Educacional, entre otras.

Estos son algunos lineamientos generales acerca de la norma dictada por el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes. Para más información, cabe ir al texto completo de tal normativa e, incluso, se la puede comparar con otra legislación similar en la materia: tal el caso de la Ley Nº 6353 del Operador en Psicología Social del Chaco y la Ley Nº 8077 del Técnico Superior en Operación Psicosocial de Mendoza, reglamentada el 10 de junio de 2010 por el decreto Nº 1191.

RONALDO WRIGHT                    
www.ronaldowright.com                                                                                                  

miércoles, 3 de agosto de 2016

149 - En Defensa de la Educación (Parte II)

(Publicado en la revista de cultura y política La Tecl@ Eñe - Año XV Nro. 76 correspondiente al mes de agosto de 2016)

EN DEFENSA DE LA EDUCACION (Parte II)

Al iniciarse la XXXI Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco volvió a indicar su hagan lío en el primer encuentro con los jóvenes en Cracovia (Polonia). Les dijo que no tengan miedo y que cumplan con su deber, que es “hacer lío toda la noche”. Pues precisamente aquí, por estos pagos, parece que la noche está comenzando a envolver al Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR.), ya que son muchos los estudiantes universitarios que, en el mes de julio, han dejado de percibir los $ 720 correspondientes a dicho beneficio.

Si bien el Ministerio de Educación y la A.N.Se.S. dicen que se trata de un inconveniente técnico, muchos Consejeros estudiantiles intuyen que estamos en presencia de la desarticulación del programa. Han pasado los primeros siete (7) meses del año en curso y vemos que tanto el tarifazo como la alta inflación han impactado muy fuerte en el presupuesto de las universidades. A ello se suma el retraso del Gobierno Nacional en la asignación de los recursos necesarios y la falta de financiamiento para programas específicos en lo atinente a nuestros adolescentes.

Recordemos que el Plan Progresar —que cuenta en la actualidad con casi un millón de beneficiarios— rige desde principios de 2014 para que los jóvenes entre los 18 y 24 años de edad inicien o completen sus estudios, en cualquier nivel educativo. Si bien la asignación mensual actual es de $ 900, los estudiantes reciben solamente el ochenta por ciento y el resto se abona cuando acreditan la regularidad en sus estudios. Ante tal falta de pago, se formó un grupo en Facebook denominado Beneficiarios Suspendidos del Progresar que ya tiene unos mil quinientos miembros.

La mayor parte de los adolescentes perjudicados pertenecen a la Universidad Nacional de Buenos Aires y creemos que es correcto que se agrupen —sin miedos y haciendo lío— en defensa de sus derechos y garantías. Máxime si se tiene en consideración que la referida ausencia de fondos ya ha afectado, entre muchas otras conquistas, al Plan Conectar Igualdad; al Plan Fines; al Programa Nacional de Educación Sexual Integral; al Programa de Educación Artística; al Programa de Educación en Contextos de Encierro para las escuelas en los orfanatos, las cárceles y los hospitales.

Respecto a la juventud y en materia educativa, los organismos del Estado —junto a la familia y a la comunidad toda— tienen que asegurar el desarrollo de la personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida digna y plena. Esto implica atender al crecimiento integral de los jóvenes, al fortalecimiento de los valores solidarios y de tolerancia, al respeto por los derechos humanos, y a la firme  preparación para el ejercicio de la ciudadanía, evitando que sean considerados como meros y simples consumidores según las reglas del mercado.  

Hay que continuar la lucha contra tales normas del libre comercio a través de planes a favor de los jóvenes, pues para ellos el tema de lo inclusivo debe ser hoy la cuestión social por excelencia. Eso ya que se están desmantelando los programas Jóvenes y Memoria; Educación y Prevención de Adicciones; Comunidad y Convivencia Escolar; los Centros de Actividades Infantiles y los Centros de Actividades Juveniles. E incluso se han eliminado el Plan Nacional de Lectura; el Plan de Mejoras Institucionales; y las Orquestas Infantiles y Juveniles del programa de educación artística.

Afortunadamente, el mes de julio finalizó con cientos de jóvenes que participaron del plenario nacional de agrupaciones estudiantiles peronistas, que se llevó a cabo en la sede de la Universidad Tecnológica de Avellaneda. Allí se reivindicó la conquista del boleto estudiantil en el ámbito bonaerense, quedando como labor para el futuro la construcción social en las calles, en los colegios, en las universidades, en las fábricas, en los sindicatos, etc., como así también la pelea institucional con movilizaciones y protestas en defensa de los derechos de la niñez y de la juventud.

Seguiremos insistiendo en que lo existente social no tiene que ser la expresión única de los grandes grupos dominantes, pues debe estar sólidamente afincado en nuestros  adolescentes, en sus combates contra la exclusión y en sus búsquedas de orden inclusivo. La propuesta es persistir en la ardua tarea tendiente a que los jóvenes no se conviertan en un grupo desamparado en lo político-económico ni desprotegido en lo socio-cultural; y que no se vean amenazados de caer en una realidad degradada ni privados de participar del mayor número de logros colectivos.    

RONALDO WRIGHT
www.ronaldowright.com